La ley 45/07 de desarrollo sostenible del medio rural fue aprobada por el ejecutivo de Jose Luis Rodríguez Zapatero y enterrada en el primer mandato de Mariano Rajoy. A día de hoy sigue sin aplicarse ¿Quienes son sus enemigos?
Quizás pasó a pies puntillas por nuestra agenda mediática, pero en 2007 se sentaron las bases de una ley aprobada por el entonces gobierno socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero que iba a favor del desarrollo sostenible y contra la despoblación. En algún cajón perdido de la moncloa seguirá escondida, nunca vimos su aplicación.
La ley concreta 189 comarcas (72% del territorio español) que podrían verse beneficiadas de esta ley, sacaba de la ecuación las llamadas zonas periurbanas (Hasta 45 km de radio de una capital de provincia por ejemplo) al suponer que estas zonas ya estaban provistas de infraestructuras y servicios suficicientes. Es aquí, bajo mi punto de vista, el primer error. Suponer o afirmar que las comarcas vecinas a capitales disponen de un full equip de servicios y que ello fijamos población es un error. Un error que sobre el papel, la estadística y los datos cuantitativos no se ve. Pero la tendencia es que terminariamos por aglutinar más gente en la urbe y abandonar el medio rural.
Otro de los puntos fuertes de esta ley era la creación de «unidades de acción» en cada comarca, que de manera transversal a todos los ámbitos de aplicación (economía, fomento, educación..) pudieran coordinar la implementación de políticas. Se asegura en la ley la coordinación entre administraciones, AGE (Administración general del estado), las diversas comunidades autónomas y las administraciones locales. No hay que olvidar que esta ley es de planificación y coordinación. Se trata de construir estrategias determinadas desde las propias comarcas señaladas. No de pisar competencias ni mucho menos. A mi juicio, desde los lugares donde son evaluadas y hechas las estrategias se deben ceder cierto tipo de competencias para que sean las propias administraciones sobre el terreno quienes construyan los objetivos, desarrollen y cumplan la finalidad.
Los objetivos de la ley, aparte de la repoblación o de fijar población en el medio rural, van mucho más allá que la construcción de infraestructuras y servicios públicos, aquí lo interesante de la ley es como, a través de la legislación se reconoce que sin una actividad económica o un mercado interno o rural no se consigue mantener población. Algo que a nuestros políticos no escuchamos cuando hablamos de medio rural.
Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.
Interesante también el objetivo contra el cambio climático. Miles de asociaciones rurales, de académicos y de profesionales reconocen la importancia de la recuperación «de lo rural» para preservar nuestro medio ambiente. La ley lo reconoce, por fin justicia.
Una atención especial merecen las medidas a favor de promover la producción y el uso de energías renovables, y su relación con la adaptación de actividades y usos a los efectos del cambio climático. Asimismo, se concede una importancia singular a las medidas para el fomento de la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, singularmente por lo que se refiere a la modernización de regadíos.
¿Interesaba esta ley a nivel político? Parece ser que no. El cambio de gobierno en 2011 terminó por enterrar este proyecto que si bien tiene algunas deficiencias, bien podía haber sido la base sobre la cual edificar los cambios tan necesarios en el medio rural. La ley planteaba una cosa fundamental, atajar el desequilibrio del territorio en España. Es decir, regiones y ciudades sobrepobladas que hacen incompatible la viabilidad de otros mercados internos en España, porque los recursos han de destinarse a otro lugar. La puesta en valor de nuestros núcleos rurales pasaría por tocar el negocio de mucha gente y eso no se puede hacer en este país.
El Partido Popular fue el primero en dejar a un lado esta ley, afectaba troncalmente sus intereses. Una ley que implementara la energia renovable, que terminara con los macroproyectos faraónicos para pararse a pensar en las personas afectaba por completo los intereses de Pepe «el pozero», es decir los de la asociación para delinquir que es el Partido Popular.
El último intento por aplicarla fue en 2017. El grupo parlamentario Unidos Podemos llevó la iniciativa a la comisión de Agricultura. Todos los grupos parlamentarios la aprobaron, excepto el Partido Popular.
EL FILANDÓN BERCIANO 