Hace ya unas semanas, que as compañeiras do Filandón comenzaron a destapar la cantidad de vertederos que pueblan cunetas y descampados a lo largo y ancho de Comarca. Pero por si no fuera suficiente cargar los vestigios de la obsolescencia programada en El Bierzo tenemos otro problema: las escombreras, cicatrices negras en la cara de la comarca que persisten en el olvido como remanentes de otros tiempos.

La profundidad del problema fue cuantificada por varios organismos entre los que se encontraban el CIEMAT, CIUDEN, el IGME que en un concienzudo trabajo determinaron la existencia de 571 vertidos de carbón y escorias en El Bierzo, que se concentran principalmente en los municipios de Igüeña, Fabero y Torre del Bierzo. En total, 5000 Hectáreas, que representan el 6% de la superficie del Bierzo. Dicho sea de paso, el trabajo fue volcado sobre un minucioso Plan Director que sentaba las bases para restaurarlas y devolver los espacios a su estado natural.

Cabría preguntarse, cómo es posible que la retribución a una comarca que tuvo que  sudar y sangrar durante años para exportar energía a otras regiones sea llevar a sus espaldas un detrimento ambiental de tal calibre. Por descontado con sanidad y reconversión industrial tampoco se pagó la energía.

La justicia, contundente con el trabajador, parece estar ausente para los más adinerados. Y no es que no exista normativa al respecto de este asunto, ya que al menos desde 1982 se considera obligatoria la restauración para “quienes realicen el aprovechamiento de recursos”. Y a ese “quienes” le podríamos dar nombres propios de sobra conocidos.

La segunda cuestión es relativa a la Administración Pública: ¿por qué se ha permitido la pervivencia de estos engendros medioambientales en el tiempo? El principio de quien contamina paga, presente en nuestras tasas de basuras, impuesto de circulación…, parece no aplicarse cuando quienes vierten residuos, porque son residuos, pertenecen a la clase social de encima.

Y siendo precisos, ahora que el Instituto de Transición Justa ha anunciado 150 millones de euros para la recuperación de espacios, habría que analizar si el término “Justicia” es aplicable cuando los fondos, en teoría destinados a combatir los efectos del cierre del sector minero son utilizados para restaurar los destrozos de los explotadores, en lugar de reactivar las comarcas mineras. Pagan los de abajo, comen los de arriba y circo para todos.

Iván Samprón Alonso.

Escrito por:ofiandon

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